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Diario de Noticias, 15 Jun. 2012, Editorial LA LEY
El TSJC considera que no se puede complementar tal indemnización por la negligencia del deber de vigilancia de los profesores
EUROPA PRESS

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) ha rechazado el recurso contencioso-administrativo que ha presentado la familia de una niña que sufrió un accidente de esquí en una salida escolar en 2002 en la Vall de Núria (Girona), por lo que la Conselleria de Educación no deberá indemnizarla con 418.478 euros.
Tras finalizar la clase de esquí con los monitores, la niña –entonces de 12 años y alumna de primero de ESO de la escuela Arrahona de Sabadell (Barcelona)– siguió esquiando con otros compañeros de clase, aprovechando la hora libre que les habían dejado, ya que aún no tenían que devolver el equipo.
Sin embargo, la alumna perdió el control de los esquís, chocó contra la valla de contención de la pista y siguió deslizándose hasta topar contra un cañón de nieve, quedando en un estado «muy grave» y siendo evacuada en helicóptero hasta el Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Según la sentencia, estuvo casi seis meses ingresada en el hospital y tardó un año entero en recuperarse de un traumatismo craneoencefálico, varias fracturas y hemorragias, heridas y contusiones de las que los padres culpan a los profesores por considerar que fueron «negligentes».
Según los demandantes, los profesores permitieron que los alumnos continuaran esquiando sin monitores y fuera de las horas convenidas, el equipo era «insuficiente» dado que no llevaban protección –casco, rodilleras, coderas, etcétera.–, y los mismos maestros no supervisaron a los alumnos.
ARGUMENTO DEL TSJC
Además de la indemnización que ya recibieron de 300.000 euros a través de la aseguradora, los padres de la entonces menor solicitan 418.478 euros más por los daños y las secuelas producidas.
El TSJC considera que no se puede complementar tal indemnización por la negligencia del deber de vigilancia de los profesores ya que la víctima esquió por un pista de principiantes y si perdió el control fue por causa ajena a la Administración: «No existe relación de causa efecto entre la actividad administrativa atribuida a los profesores y los daños sufridos en el lamentable accidente que padeció la menor».
Aducen que los profesores tampoco podrían haber evitado ni la caída ni sus consecuencias, pues se trataba de una niña de 12 años que ya tenía cierta autonomía, así como tampoco se los puede responsabilizar por no llevar casco porque en aquel momento no era obligatorio.
Diario de Noticias, 18 Jun. 2012, Editorial LA LEY
Facilitará el trabajo a los letrados para defender a los clientes implicados en siniestros.
Facilitará el trabajo a los letrados para defender a los clientes implicados en siniestros.
 
La Consejería de Interior y los Colegios de Abogados de Cataluña han firmado este lunes un convenio de colaboración que informatizará la tramitación de los informes de accidentes de tráfico, lo que facilitará el trabajo a los letrados para defender a los clientes implicados en siniestros en las carreteras.

Según han informado en un comunicado conjunto, con el nuevo sistema de información, los abogados tendrán acceso al informe policial por vía telemática y obtendrán una información más amplia sobre lo ocurrido.
La nueva plataforma electrónica, que se incorporará a la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat, incluirá imágenes del accidente y una geolocalización del mismo con datos estructurados en un formato estándar. Informó Europa Press.
El director del centro está obligado a tramitar los recursos previstos en la ley dirigidos a la autoridad judicial «sin facultarle a imponer restricción o limitación alguna»
EUROPA PRESS

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha concedido amparo a un recluso que formuló una queja por escrito dirigida al juez de vigilancia penitenciaria por cuyo contenido fue sancionado. El recluso se quejó al magistrado de que en el Centro Penitenciario de Puerto de Santamaría (Puerto I) se proporcionaba a los reclusos «natillas, yogures y postres caducados» y fue castigado con la retirada de paseos y actos recreativos durante 30 días.
El alto tribunal anula el castigo impuesto al recluso al considerar que el director del centro está obligado a tramitar los recursos previstos en la ley dirigidos a la autoridad judicial «sin facultarle a imponer restricción o limitación alguna».
Carlos Ruiz Trujillo Abreu, un preso que cumplía condena en ‘Puerto I’, empleó un impreso de los utilizados en la prisión para cursar instancias y lo dirigió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4 de los de Andalucía en el que mostraba sus quejas contra el director de dicho centro y el subdirector médico «por darnos natillas, yogures y los postres caducados desde hace dos años y la fruta prohibida».
Sin embargo, en las actuaciones no consta si dicho escrito fue introducido en el sobre por el interno y ni tan siquiera si estaba abierto o cerrado. Dicho escrito fue examinado por un funcionario de la prisión y, al entender que, además contenía expresiones ofensivas a varios representantes de las más altas instituciones del Estado, dio parte del mismo al director de Puerto I quien, a su vez, ordenó la incoación de un procedimiento disciplinario que culminó con la sanción de treinta días de privación de paseos y actos recreativos comunes.
Y es que, según se desprende del relato de hechos probados, el interno vertió insultos y calumnias no sólo contra el director del centro, sino también contra el presidente del Gobierno y la Casa Real.
La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Elisa Pérez Vera, recuerda que si bien las personas recluidas en establecimientos penitenciarios gozan del derecho al secreto de sus comunicaciones, salvo resolución judicial, sus derechos fundamentales a la pena de prisión también pueden verse limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena o por la Ley Penitenciaria.
Así, el fallo subraya que la Ley Orgánica General Penitenciaria (LA LEY 2030/1979) establece una regulación específica del derecho a las comunicaciones de los internos en la que distingue varias modalidades (con familiares, amigos, abogados, asistentes sociales o sacerdotes). Del mismo modo, precisa también que no se incluye ninguna regulación, según la cual, las comunicaciones escritas dirigidas por internos a la autoridad judicial puedan ser suspendidas o intervenidas.
OBLIGACIÓN DE DAR CURSO
Es más, la Sala pone de manifiesto que la legislación penitenciaria contiene una regulación específica de las quejas y recursos que los internos tienen derecho a formular por lo que el director del establecimiento penitenciario tiene la obligación de dar curso a los recursos previstos en la ley que estos dirijan a la autoridad judicial «sin facultarle a imponer restricción o limitación alguna».
Y ello, «con independencia de que el escrito se entregue para su curso en sobre abierto o cerrado o sin introducirlo en sobre alguno, pues en cualquier caso su destinarlo es el juez y la norma constitucional que garantiza el secreto a la comunicación se dirige inequívocamente a preservar su impenetrabilidad por terceros ajenos a la comunicación».
En este caso concreto se desprende «inequívocamente» que el expediente sancionador que se abrió al recluso obedecía a las expresiones vertidas en el escrito dirigido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Del mismo modo resulta «plenamente» acreditado que la única prueba existente para imponerle un castigo era dicho escrito.
«En consecuencia, hemos declarar que tal actuación de la Administración Penitenciaria vulneró no sólo el derecho al secreto de las comunicaciones del recurrente, sino también a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, en la medida en que la única prueba que sirvió de base al Acuerdo sancionador fue obtenida violando el derecho fundamental a las comunicaciones», añade la sentencia
Diario de Noticias, 11 Jun. 2012, Editorial LA LEY
Un auto de la Audiencia de Soria dice que no ha acreditado interés público para personarse como acusación.
La Audiencia de Soria ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal(PACMA) a raíz del accidente sufrido por el nieto del rey Felipe Juan Froilán, que se disparó en el pie con una escopeta, y ha agotado la vía de recurso ordinario por esta causa.

El auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Efe, confirma íntegramente el anterior dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Soria, que con los mismos argumentos consideró que el PACMA carece de legitimidad para personarse como acusación particular en el caso, después de que el mismo juzgado acordara el archivo de las actuaciones realizadas a raíz del accidente.
Los jueces consideran que este partido animalista no ha podido acreditar en ninguno de los recursos interpuestos que existe interés público para personarse como acusación contra el padre de Felipe Juan Froilán, Jaime de Marichalar, a quien consideraban responsable del accidente sufrido por su hijo.
“No consta relación alguna con la persona del acusado -Jaime de Marichalar-, no consta relación alguna con el hijo del acusado -Felipe Juan Froilán-, ni consta que haya resultado afectado animal alguno como consecuencia de los hechos”, se puede leer en el auto.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Soria concluye que lo que pretendía PACMA, al recurrir en alzada, ante la imposibilidad de ser tenida como acusación particular, era ejercer de forma equivocada la acción popular para introducir en las diligencias previas en tramitación hechos distintos a los que son objeto de investigación.
Según los jueces, el propósito de PACMA era “defender derechos e intereses muy particulares y no derechos comunes y generales como sería exigible”.
La investigación realizada por la Guardia Civil reveló que el accidente se produjo el 10 de abril en la finca de la familia Marichalar en Garray (Soria) cuando Jaime de Marichalar dejó en el suelo una escopeta, de la que tenía licencia, mientras se dirigía a una cabaña, y su hijo menor de edad, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, la cogió, la cargó y se disparó “de manera accidental en el pie derecho”. Informó Efe.